La Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo y la Asociación de Amarristas de Andratx han acordado unir esfuerzos para buscar una solución conjunta a la situación generada en el Port d’Andratx, donde cerca de un centenar de embarcaciones de pequeña eslora, en su mayoría propiedad de ciudadanos mallorquines, se han visto afectadas por el cambio de gestión del puerto y por la pérdida de las condiciones que mantenían hasta ahora como amarristas de base.
Toni Oliver, presidente de la Asociación de Amarristas de Andratx, y Lorenzo Pons, presidente de ADN Mediterráneo, mantuvieron una reunión el pasado jueves 14 de mayo con el objetivo de coordinar acciones, analizar el escenario actual y trabajar en una propuesta que permita dar respuesta a los afectados a corto plazo.
El conflicto se deriva de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que devuelve la explotación del dominio público marítimo-terrestre a la empresa IP3M, en detrimento del antiguo concesionario de la explotación de los amarres afectados. Tras este cambio, los usuarios afectados denuncian que Marina Port d’Andratx, la nueva concesionaria, ha dejado de considerarlos amarristas de base para pasar a tratarlos como transeúntes. Esta modificación implica un cambio muy significativo en las condiciones económicas de los amarres, con incrementos que, según los afectados, resultan inasumibles para muchos propietarios de pequeñas embarcaciones. Algunos usuarios aseguran haber pasado de pagar menos de 200 euros mensuales a recibir propuestas que rondan los 1.300 euros, una subida que pone en riesgo la continuidad de una náutica local, familiar y vinculada históricamente al municipio.
Ante esta situación, la Asociación de Amarristas de Andratx está elaborando un listado de las embarcaciones afectadas con el fin de dimensionar correctamente el problema y presentar una relación completa que permita avanzar hacia una solución definitiva. La entidad ya ha mantenido una reunión con la propia marina y otro encuentro conjunto con el Club de Vela de Andratx y PortsIB, en el marco de las gestiones abiertas para tratar de resolver la situación.
Según explicó Toni Oliver, los afectados consideran que es PortsIB, como administración el principal responsable de la gestión portuaria, y quien debe liderar una solución inmediata al problema.
“Hemos presentado una propuesta y estamos a la espera de una respuesta tanto del gerente, Kiko Villalonga, como de Antoni Mercant. Se trata de una propuesta razonable y temporal, en la que todas las partes salen beneficiadas y que permitiría dar respuesta a los casi 100 amarristas mientras se licitan los pantalanes pendientes”, señaló Oliver.
Por su parte, Lorenzo Pons expresó su preocupación por lo que considera una tendencia creciente hacia la pérdida de espacios vinculados a la náutica social en Baleares. En este sentido, recordó que otros clubes históricos ya han sufrido o han estado cerca de sufrir situaciones similares por la falta de protección expresa de los usos sociales y deportivos en los pliegos y procedimientos de concesión.
“El Club Náutico de Ibiza perdió su concesión porque desde el propio pliego del concurso no se defendieron suficientemente los aspectos sociales y deportivos, valorando principalmente las ofertas económicas. El Real Club Náutico de Palma también ha estado cerca de atravesar una situación muy delicada, que afortunadamente se ha podido reconducir. Ahora nos encontramos con el caso del Club de Vela de Andratx y con unos amarristas que pasan a ser considerados transeúntes, con un cambio de precios absolutamente desproporcionado que obligará a los propietarios de embarcaciones a dar la espalda al mar forzosamente”, afirmó Pons.
El presidente de ADN Mediterráneo insistió en que la responsabilidad no recae únicamente en los dirigentes políticos, sino también en el conjunto de las instituciones y administraciones públicas, sus técnicos y sus departamentos jurídicos, que son quienes deben estudiar todas las vías posibles para preservar el arraigo social de los puertos.
“Las instituciones, y en este caso PortsIB, tienen la pelota en su tejado. No hablamos sólo de decisiones políticas, sino también de criterios técnicos y jurídicos. Sería un acto valiente estudiar cualquier vía que permita mantener el uso de arraigo social y proteger para los baleares algo que históricamente ha sido de los baleares. No podemos venderlo todo. Debemos priorizar los usos sociales, especialmente en nuestro litoral”, señaló Pons.
Desde ADN Mediterráneo advierten de que, si esta dinámica continúa, los puertos de las islas corren el riesgo de convertirse en espacios cada vez más inaccesibles para la ciudadanía local y reservados únicamente a grandes fortunas o a usuarios con fuerte y alta capacidad económica.
“Si no se actúa con valentía, nuestros puertos acabarán siendo de uso exclusivo para grandes fortunas extranjeras. Dejaremos de ver llauts pescando calamares o raons como venían haciendo nuestros abuelos, y los ciudadanos de las islas solo podremos contemplar el mar desde la playa”, añadió Pons.
Ambas asociaciones coinciden en la necesidad de impulsar una solución consensuada, temporal y viable que permita atender de forma urgente a los amarristas afectados, sin renunciar a una reflexión más profunda sobre el modelo portuario y la defensa de la náutica social en Baleares.
En este sentido, ADN Mediterráneo y la Asociación de Amarristas de Andratx se han comprometido a trabajar conjuntamente para defender el acceso de la ciudadanía al mar y evitar que los puertos de las islas pierdan su función social, tradicional y vinculada al territorio.